Conferencia en Ciudad del Carmen sobre anticorrupción: “Integridad y Profesionalización Policial”

Foro Profesionalización Policial | PRECAVER

Conferencia “Integridad y profesionalización policial”, en Ciudad del Carmen, Campeche | PRECAVER

El Director de Precaver, el Criminólogo David Romero, fue invitado a participar en el Foro “Retos y Perspectivas sobre Profesionalización Policial y Seguridad Ciudadana”, que tuvo lugar en Ciudad del Carmen, Campeche los días 3 y 4 de julio, en la Universidad del Carmen (UNACAR), y que fue organizado por organismos de gobierno y de la sociedad civil; entre otros el Claustro Universitario de Chihuahua (CUU). El evento también contó con la participaron de otros notables criminólogos, particularmente los maestros Jesús Vaca y Paulino Dzib-Aguilar.

David Romero abrió el foro con su conferencia y posteriormente moderó la primera mesa de debate. Entre los asistentes se encontraban autoridades de gobierno y del ámbito académico, especialistas en seguridad, organismos de la sociedad civil, estudiantes, abogados, ciudadanos interesados en la temática, y un nutrido grupo de policías estatales.

El título de dicha conferencia fue “Integridad y Profesionalización Policial”. Ponemos a su disposición un extracto de la misma:

Integridad y Profesionalización Policial

Confianza en las instituciones de seguridad pública

Datos del último Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, presentado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y elaborado en conjunto con el Colegio de México, indican que la desconfianza en las organizaciones e instituciones se ha acentuado desde la última medición que se efectuó en 2010. Ello sin duda trae consecuencias para la solidez de las mismas instituciones y también para de la ciudadanía misma.[1]

El reporte en cuestión indica, al igual que otros estudios en la materia sobre percepción ciudadana sobre justicia, seguridad y cultura constitucional, que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Y mientras la percepción de inseguridad incrementa, la confianza en las instituciones de seguridad pública, encargadas de velar por el Estado de derecho, ha disminuido considerablemente.

De esta forma, de acuerdo con el Informe País, la confianza en la policía en 2013 estuvo presente en tan sólo el 22% de los 11,000 encuestados en cinco regiones del país, en comparación al 36% hace tres años. Más de 40% no considera que la policía haga de su comunidad un lugar más seguro. Es más, en términos de corrupción, la ciudadanía considera considera más negativamente dentro de las fuerzas de seguridad a los agentes de tránsito, los policías municipales, los agentes del Ministerio Público, los jueces, y las policías estatal y federal. Los únicos que aparecen bien evaluados en el estudio son el Ejército y la Marina.

Los datos presentados por el INE se confirman con aquellos recabados por la organización civil México Evalúa que alerta sobre la baja confianza que tienen los mexicanos en sus instituciones de justicia, ya que menos de 50% de ellos confían en los Ministerios Públicos, en los jueces o en casi todos los cuerpos de policía. Como prueba de ello, están también los más de cien grupos de autodefensa que han surgido en ocho estados del país.[2]

Entre todos debemos revertir la situación.

¿Por qué es importante la confianza en las instituciones de seguridad pública?

La confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública es fundamental para combatir el crimen y la violencia en el país. Y es que la legitimidad en las fuerzas de seguridad aumenta la cooperación de la ciudadanía con el sistema de justicia imperante y realmente promueve la disminución de la delincuencia y la violencia asociada con ella. Mientras más deslegitimizado esté el sistema de justicia y seguridad de un país, la ciudadanía encuentra más fácil o más justificable violar las leyes.

Cuando el sistema de justicia cuenta con legitimidad, la ciudadanía considera que debe cumplir con las normas y reglas y por tanto encuentra inaceptable es uso de violencia para obtener sus propios fines políticos o sociales.[3] Ello a la larga ayuda a establecer un diálogo y la cooperación entre la ciudadanía y la policía, combatir el crimen y mantener el orden público. Las instituciones de seguridad pública tienen como como finalidad representar a la autoridad y velar por el cumplimiento de la ley, es decir, su misión no es solamente aplicar las leyes sino ganarse el respeto y la confianza de la ciudadanía, ya que ello ayuda a la larga a realizar un mejor trabajo. Esto además producirá una retroalimentación de manera que la ciudadanía se verá a su vez más motivada para comportarse de una manera más integra. Conviene recordar que, si nos referimos a temas de corrupción, siempre intervienen dos partes, igual de responsables.

La confianza reduce costos económicos y sociales del trabajo policiaco y ayuda a tener resultados en el menor tiempo. La comunicación se vuelve más eficaz y evita la redundancia de las tareas.[4] Y para aumentar la confianza en las instituciones de seguridad pública es necesario hacer una revaluación de integridad de los cuerpos que las conforman.

¿Cuál es el papel de la integridad en las fuerzas de seguridad pública?

La integridad en las fuerzas de seguridad asegura que los seres humanos que trabajan para éstas pregonen los valores del servicio, luchen por hacer lo “correcto” y legal en las situaciones que se presenten y se ganen la confianza de los ciudadanos. En definitiva, dando buen ejemplo. Es fundamental que los ciudadanos desasocien policía con corrupción y con ello realmente se establezca una relación de confianza entre ambos que ayude al mantenimiento de la paz y seguridad del país.

La corrupción en la policía “es una de las principales preocupaciones sociales y por consiguiente una temática de estudio de la política criminal contemporánea, ya que ella tiene un efecto profundamente corrosivo en la sociedad socavando el sistema de la autoridad democrática establecida y amenazando permanentemente la seguridad de la ciudadanía.”[5] La corrupción policial es un factor que promueve el crimen organizado y fomenta el debilitamiento del gobierno, la desconfianza pública, la resistencia a la autoridad y estimula en la población la falta de cooperación con la policía. Ella se da muchas veces en medio de escándalos públicos y notoriedad.

¿Cómo promover la integridad y la profesionalización policial?

Por supuesto, combatir la corrupción en las fuerzas policiales implica un reto en todos los niveles de gobierno y no solamente involucrar a los cuerpos en cuestión sino incluir a la sociedad en la que operan. La sociedad no debe estar exenta del combate a la corrupción; las mismas medidas preventivas y reactivas para con las instituciones de seguridad se deben aplicar a la sociedad “corruptora.”

Pero, yéndonos al ámbito de competencia concreto, el organizacional, si se pretende eliminar conductas corruptas, se debe antes comprenderlas. Para nosotros, una de las mejores formas de analizar la corrupción es empleando la óptica de la economía. Analizando la decisión de la persona que interviene en el acto de corrupción, en este caso a través del servicio ofertado. Buscamos con este proceso determinar qué factores sopesa el agente económico antes de cometer un acto así, ya sean sopesados de manera consciente o no, para así poder actuar sobre dichos factores de manera preventiva.

En el acto de corrupción intervienen dos partes: ofertante y demandante. Consideraremos a ambos como agentes económicos que buscan maximizar utilidad o beneficios, minimizando costes. Llamaremos al ofertante de servicios corruptos PRODUCTOR, por ejemplo un elemento que ofrece una “vía rápida” de solución a una posible sanción a cambio de dinero. Al que paga por tales servicios lo llamaremos CLIENTE. Haremos a continuación una breve exposición sobre los factores que influyen en el PRODUCTOR antes de decidir ser corrupto.

Partimos de que la oferta de servicios corruptos responde a la función de producción microeconómica: O= f (P,C,T), siendo P el precio del servicio, que se determinará en el mercado, es decir, en interacción con el CLIENTE; C y T son constantes, vienen ya dados en el momento de la decisión; C es el coste del servicio y T la tecnología existente.

En general podremos decir que la oferta de corrupción será mayor cuanto mayor sea el precio que reciba el PRODUCTOR, menor el coste del servicio y mayor la tecnología existente para realizarlo. Profundicemos en las variables de nuestro modelo resumido:

La variable “precio” (P) es el equivalente al importe económico del soborno, en su caso. Obviamente esta variable tendrá más peso cuanto mayor sea en relación al sueldo que reciba normalmente el PRODUCTOR. Pero hemos de aclarar que no es exclusivamente el montante del sueldo legal, es decir, si gana mucho, lo que condiciona el aceptar el soborno, según la magnitud del soborno con respecto al sueldo. Un agente económico siempre quiere ganar más dinero, por mucho que tenga; la cuestión es “si compensa por ese dinero correr el riesgo de perder el sueldo actual”.

La variable “coste” (C), es el coste de ser corrupto y la podemos dividir en:

Coste moral. Hay que tener en cuenta que para una misma persona las diferentes formas de corrupción pueden tener diferente coste moral y también que, una vez cometido el delito, este coste puede variar, disminuyendo mediante mecanismos de justificación, o aumentando por remordimientos no calculados. Ello modificará el coste a la hora de tomar la siguiente decisión de ser corrupto.

Castigo potencial. Esto es, el castigo que se impondrá al PRODUCTOR en caso de ser descubierto y demostrado el acto corrupto. Este lo podemos dividir en coste económico, coste legal y coste social. Por razones de simplicidad, supondremos que los riesgos económico, legal y social existen. Esto equivale a suponer que el funcionario descubierto es a la vez denunciado, despedido y su delito es conocido por su entorno social, lo que le produce un descrédito. En los países en los que la corrupción no implica despido, lógicamente el riesgo subjetivo económico será menor que el legal.

Pero el castigo potencial no es una variable objetiva; está mediatizada por el riesgo que vea el PRODUCTOR de ser descubierto, es decir, por un coeficiente de riesgo subjetivo. Por tanto, si la probabilidad de ser procesado penalmente la ve muy baja el PRODUCTOR, por ejemplo por los precedentes observados en su entorno, aunque el coste legal teórico fuera muy severo, tal como años de prisión, es posible que el castigo potencial no tenga mucho peso disuasorio.

La variable “tecnología” (T) es el conjunto de medios de que se dispone para facilitar el llevar a cabo el delito, también podríamos denominarla “facilidad”, y así destacamos el carácter de oportunidad de este tipo de delito.

Llegados a este punto estamos en condiciones de sugerir algunas medidas para luchar contra la corrupción, acorde a lo hallado en nuestro modelo:

El coste moral del PRODUCTOR es difícil modificarlo a corto plazo. Sería importante modificar este coste mediante campañas educativas, pues llevaría a la los demás, y también al CLIENTE, a no ver tal acto como normal. Esto por supuesto conjuntamente con una mayor eficacia en su lucha, pues parte de la “normalidad” viene de la asiduidad con que su produce: “todo el mundo lo hace”. Un factor que ayuda a elevar el coste moral es el buen ejemplo que den los superiores.

El riesgo subjetivo depende de características individuales; podríamos decir que se mide el riesgo real en términos de ansiedad. Podemos modificarlo aumentando la eficacia del control: admitiendo quejas y denuncias y mejorando la transparencia. También con publicidad de las hazañas anticorrupción, que incrementen la sensación de certeza de las consecuencias. Esto habría de pasar por mayor certeza en la detección de la conducta corrupta y luego de la sanción en el ámbito judicial.

El coste legal podemos modificarlo con medidas de endurecimiento de sanciones.

El coste social posiblemente se podrá incrementar en la misma medida que el coste moral, mediante campañas educativas. También lo aumenta el dotar de funciones de control a grupos de iguales. Y por supuesto una publicidad de suficiente alcance como para que el suceso corrupto se conozca en el entorno del PRODUCTOR.

El coste económico, para que surta efecto, ha de ser claro: por ejemplo, el despido. Se puede endurecer más aún, pero tal vez el despido sea suficientemente disuasorio. Utilizando esta variable en sentido positivo obtendremos la influencia de las recompensas económicas en la decisión de no ser corrupto.

En cuanto a la facilidad, la tecnología del agente dedicada a tal fin no podemos disminuirla, pero sí podemos aumentar la de la corporación, mediante control informático, medidas electrónicas, pagos a través de bancos, etc.

Por último, si el precio del servicio legal  baja, estaremos reduciendo la oferta de servicios corruptos. Hay que abaratarlos. Esto lo lograremos flexibilizando las instituciones: servicios más rápidos, menos burocratizados, más baratos y eficaces. La burocracia no justifica la corrupción, pero sí es un factor desencadenante.

[1] Ver: Instituto Federal Electoral (IFE) y Colegio de México (Colmex), “Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México,” 2014, disponible en http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-EstudiosInvestigaciones/investigaciones-docs/2014/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf [Consulta: junio 2014].

[2] Edna Jaime, “México no avanzará si no fortalece sus instituciones de seguridad y justicia,” México Evalúa, 6 de marzo de 2014, disponible en http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2014/03/Comunicado-fortalecimiento-instituciones-de-seguridad-y-justicia.pdf [Consulta: junio 2014].

[3] Ver: Mike Hough, Jonathan Jackson and Ben Bradford, “Reading the riots,” The Guardian, 12 de diciembre de 2012, disponible en http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/dec/12/police-public-trust-reading-the-riots [Consulta: julio 2014].

[4] Stephen M. R. Covey, “Policing at the speed of trust,” The Police Chief, 78, octubre 2011, pp. 58-70 disponible en http://www.policechiefmagazine.org/magazine/index.cfm?fuseaction=display&article_id=2500&issue_id=102011 [Consulta: junio 2014].

[5] Javier Gamero Kinosita, “La corrupción en la policía. Hacia la consolidación de la integridad y ética policial,” Legión Extranjera Oficiales Guardia Civil del Perú, Conferencia dictada en el Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Liége, Bélgica , el 9 de setiembre de 2010, disponible en http://www.leogcp.com/JavierGameroKinosita/Mensaje25.html#_ftn1 [Consulta: junio 2014].

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