Microeconomía de la corrupción

Cualquier organización que pretenda eliminar conductas corruptas debe antes comprenderlas. Para nosotros, una de las mejores formas de analizar la corrupción es empleando la óptica de la microeconomía. Este será un análisis sobre la decisión de la persona que interviene en el acto de corrupción, que es el servicio ofertado. Buscamos con este proceso determinar qué factores sopesa el agente económico antes de corromperse, ya sean sopesados de manera consciente o no, para así poder actuar sobre dichos factores de manera preventiva.

En el acto de corrupción intervienen dos partes: ofertante y demandante. Consideraremos a ambos como agentes económicos que buscan maximizar utilidad o beneficios, minimizando costes. Llamaremos al ofertante de servicios corruptos PRODUCTOR, por ejemplo un empleado que ofrece una “vía rápida” a cambio de dinero. Al que paga por tales servicios lo llamaremos CLIENTE. Haremos a continuación una breve exposición sobre los factores que influyen en el PRODUCTOR antes de decidir ser corrupto. Más adelante, en otro artículo, haremos lo propio con el CLIENTE e igualmente trataremos el tercer condicionante de los precios de mercado: el sistema de asignación de recursos; las reglas por las que se rige el mercado concreto de la corrupción. Estas reglas vienen dadas por el grado de  intervención del sector público, el grado de libertad de que gocen los agentes económicos, etc.

Partimos de que la oferta de servicios corruptos responde a la función de producción microeconómica: O= f (P,C,T), siendo P el precio del servicio, que se determinará en el mercado, es decir, en interacción con el CLIENTE; C y T son constantes, vienen ya dados en el momento de la decisión; C es el coste del servicio y T la tecnología existente.

La influencia de dichas variables se podría expresar con fórmulas matemáticas, como por ejemplo hace el eminente estudioso Klitgaard en su modelo particular, pero aquí simplificaremos diciendo que la oferta de corrupción será mayor cuanto mayor sea el precio que reciba el PRODUCTOR, menor el coste del servicio y mayor la tecnología existente para realizarlo.

Profundicemos en las variables de nuestro modelo resumido:

La variable “precio” (P) es el equivalente al importe económico del soborno, en su caso. Obviamente esta variable tendrá más peso cuanto mayor sea en relación al sueldo que reciba normalmente el PRODUCTOR. Pero hemos de aclarar que no es exclusivamente el montante del sueldo legal, es decir, si gana mucho, lo que condiciona el aceptar el soborno, según la magnitud del soborno con respecto al sueldo. Un agente económico siempre quiere ganar más dinero, por mucho que tenga; la cuestión es “si compensa por ese dinero correr el riesgo de perder el sueldo actual”.

La variable “coste” (C), es el coste de ser corrupto y la podemos dividir en:

Coste moral. Hay que tener en cuenta que para un mismo individuo las diferentes formas de corrupción pueden tener diferente coste moral y también que, una vez cometido el delito, este coste puede variar, disminuyendo mediante mecanismos de justificación, o aumentando por remordimientos no calculados. Ello modificará el coste a la hora de tomar la siguiente decisión de ser corrupto.

Castigo potencial. Esto es, el castigo que se impondrá al PRODUCTOR en caso de ser descubierto y demostrado el acto corrupto. Este lo podemos dividir en coste económico, coste legal y coste social. Por razones de simplicidad, supondremos que los riesgos económico, legal y social existen. Esto equivale a suponer que el funcionario descubierto es a la vez denunciado, despedido y su delito es conocido por su entorno social, lo que le produce un descrédito. En los países en los que la corrupción no implica despido, lógicamente el riesgo subjetivo económico será menor que el legal.

Pero el castigo potencial no es una variable objetiva; está mediatizada por el riesgo que vea el PRODUCTOR de ser descubierto, es decir, por un coeficiente de riesgo subjetivo. Por tanto, si la probabilidad de ser procesado penalmente la ve muy baja el PRODUCTOR, por ejemplo por los precedentes observados en su entorno, aunque el coste legal teórico fuera muy severo, tal como años de prisión, es posible que el castigo potencial no tenga mucho peso disuasorio.

La variable “tecnología” (T) es el conjunto de medios de que se dispone para facilitar el llevar a cabo el delito, también podríamos denominarla “facilidad”, y así destacamos el carácter de oportunidad de este tipo de delito.

Llegados a este punto estamos en condiciones de sugerir algunas medidas para luchar contra la corrupción, tanto en el sector público como en el privado, acorde a lo hallado en nuestro modelo:

El coste moral del PRODUCTOR es difícil modificarlo a corto plazo. Sería importante modificar este coste mediante campañas educativas, pues llevaría a la los demás, y también al CLIENTE, a no ver tal acto como normal. Esto por supuesto conjuntamente con una mayor eficacia en su lucha, pues parte de la “normalidad” viene de la asiduidad con que su produce: “todo el mundo lo hace”. Un factor que ayuda a elevar el coste moral es el buen ejemplo que den los superiores.

El riesgo subjetivo depende de características individuales; podríamos decir que se mide el riesgo real en términos de ansiedad. Podemos modificarlo aumentando la eficacia del control: admitiendo quejas y denuncias y mejorando la transparencia. También con audaz publicidad de las hazañas anticorrupción, que incrementen la sensación de certeza de las consecuencias. Esto habría de pasar por mayor certeza en la detección de la conducta corrupta y luego de la sanción en el ámbito judicial, lo que implicaría un trabajo de mejora en aspectos procesales.

El coste legal podemos modificarlo con medidas de endurecimiento de sanciones.

El coste social posiblemente se podrá incrementar en la misma medida que el coste moral, mediante campañas educativas. También lo aumenta el dotar de funciones de control a grupos de iguales. Y por supuesto una publicidad de suficiente alcance como para que el suceso corrupto se conozca en el entorno del PRODUCTOR. En un artículo anterior comentábamos las medidas que toma aquí en México la Secretaría de Función Pública (SPF) publicando los vídeos de las detenciones de los funcionarios corruptos en su canal de Youtube.

El coste económico, para que surta efecto, ha de ser claro: el despido. Se puede endurecer más aún, pero tal vez el despido sea suficientemente disuasorio. Utilizando esta variable en sentido positivo obtendremos la influencia de las recompensas económicas en la decisión de no ser corrupto.

En cuanto a la facilidad, la tecnología del empleado dedicada a tal fin (por ejemplo, los medios de que disponga para falsificar recibos) no podemos disminuirla, pero sí podemos aumentar la del Estado o la de la empresa, mediante control informático, medidas electrónicas, pagos a través de bancos, etc.

Por último, si el precio del servicio legal  baja, estaremos reduciendo la oferta de servicios corruptos. Es decir, cuanto menos ingrese el productor, menor será su tendencia a ofrecer dichos servicios. Hay que abaratarlos. Esto lo lograremos flexibilizando las instituciones: servicios más rápidos, menos burocratizados, más baratos y eficaces. Esto ya lo hemos comentado alguna vez; la burocracia no justifica la corrupción, pero sí es un factor desencadenante.

En conclusión, mirando estas líneas de arriba tiene, estimad@ lector, algunas herramientas para comprender mejor el fenómeno de la corrupción. Piense sobre cuál de las variables descritas podría usted influir para reducir el riesgo de padecer conductas corruptas en su organización, y todos lo agradeceremos.

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