Microeconomía de la corrupción (II)

Muchos sabrán que mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Aunque probablemente algunos menos que hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. Y fíjense, estimad@s lector@s, como la tal vez casualidad obra en favor de la lógica, siendo previa la lucha contra la corrupción al triunfo de los Derechos Humanos. Y es que donde habita la corrupción, los derechos básicos de las personas son secundarios. Y ni les cuento los del infausto medioambiente. Las prácticas corruptas no distinguen necesidades fundamentales ni justicia ni árboles ni nada por encima del metal, por tanto, una vez más, terminan pagando los platos rotos los más débiles.

Bueno, pues felicidades a quienes de algún modo luchan contra la corrupción. Como parte de los festejos de este día vamos a escribir la segunda parte del artículo “Microeconomía de la corrupción”, en esta ocasión desde el punto de vista de la demanda.

Acabábamos de estudiar al oferente. En aras de establecer medidas anticorrupción eficaces, es necesario estudiar también al demandante. Esto es fundamental, ya que si no hay demanda, no hay oferta. Hemos de averiguar qué lleva al cliente a recurrir a estos servicios. Elaboremos un sencillo modelo de decisión de la demanda de los servicios corruptos.

Ya comentamos que en el acto de corrupción intervienen dos partes: ofertante y demandante. Consideraremos a ambos como agentes económicos que buscan maximizar utilidad o beneficios, minimizando costes. Llamaremos al ofertante de servicios corruptos PRODUCTOR, por ejemplo un empleado que ofrece una “vía rápida” a cambio de dinero, y al que paga por tales servicios lo llamaremos CLIENTE.

En microeconomía, la demanda de bienes y servicios responde a la siguiente función: D = f (P, P’, R, G), siendo P el precio del servicio (el mismo que en la función de oferta, y que se determina en interacción entre ambos, por la ley de la oferta y la demanda); P’, R y G son constantes en el momento de la decisión; P’ es el precio de bienes sustitutivos, R, la renta del cliente y G sus gustos, sus preferencias.

En este caso concreto, P’ es el precio que ha de pagar el CLIENTE si decide  contratar un servicio de utilidad análoga. Por ejemplo, el mismo servicio por cauces legales, y su precio puede venir medido en términos de lentitud, ineficacia, etc. Cuanto mayor sea el precio del servicio legal respecto al precio del soborno, mayor será la probabilidad de demandar servicios corruptos. Y menor la demanda cuanto menor sea el precio del servicio sustitutivo.

No tenemos la certeza de cómo se comportará la demanda de servicios corruptos ante variaciones de la renta (R), pero supondremos que a mayor renta, mayor demanda.

En las preferencias, G, incluimos tanto el coste moral (equivalente al CM del oferente), como el coste legal y el coste social percibidos en calidad de riesgo (equivalente al riesgo percibido por el PRODUCTOR).

Por tanto, ya estamos nuevamente en condiciones de sugerir algunas medidas generales para prevenir la corrupción, en función de cómo podamos influir en las variables de nuestro modelo. Y son análogas a las medidas planteadas en el modelo de oferta, tanto para el sector público el privado; repasemos:

El coste moral del CLIENTE es difícil modificarlo a corto plazo. Sería importante modificar este coste mediante campañas educativas, pues llevaría a no ver tal acto como normal. Esto por supuesto conjuntamente con una mayor eficacia en su lucha, pues parte de la “normalidad” viene de la asiduidad con que su produce: “todo el mundo lo hace”. Un factor que ayuda a elevar el coste moral es el buen ejemplo que den nuestros familiares.

El riesgo subjetivo depende de características individuales; podríamos decir que se mide el riesgo real en términos de ansiedad. Podemos modificarlo aumentando por un lado la eficacia del control y por otro con audaz publicidad de las hazañas anticorrupción, que incrementen la sensación de certeza de las consecuencias. Esto habría de pasar por mayor certeza en la detección de la conducta corrupta y luego de la sanción en el ámbito judicial, lo que implicaría un trabajo de mejora en aspectos procesales.

El coste legal podemos modificarlo con medidas de endurecimiento de sanciones.

El coste social posiblemente se podrá incrementar en la misma medida que el coste moral, mediante campañas educativas. También lo aumenta el dotar de funciones de control a grupos de iguales. Y por supuesto una publicidad de suficiente alcance como para que el suceso corrupto se conozca en el entorno del CLIENTE, al igual que se hace con el PRODUCTOR. En un artículo anterior comentábamos las medidas que toma aquí en México la Secretaría de Función Pública (SPF) publicando los vídeos de las detenciones de los funcionarios corruptos en su canal de Youtube.

El coste económico, podría venir en forma de sanciones económicas, multas.

Por último, si el precio del servicio legal  baja, estaremos reduciendo la demanda de servicios corruptos. Esto lo lograremos flexibilizando las instituciones: servicios más rápidos, menos burocratizados, de menor costo y mayor eficacia. Es decir que el precio del servicio sustitutivo, el servicio eficiente y transparente, sea más bajo.

Lo dicho, felicidades en este día, y más si usted, desde su pequeña o gran aportación, contribuye en alguna de estas variables a que la demanda de servicios corruptos sea menor.

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